Trabajos de investigación agrupados por temática
Racismo, islamofobia...más de 90 delitos de odio registrados en 2017

 

  Nombre: Lucía Gómez
Fecha de nacimiento: 29/09/2018
Tipo:

Fuente: El Mundo
URL relacionado: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/09/29/5baf29b0e2704e09068b458b.html

El Movimiento contra la Intolerancia presentó ayer el segundo Informe RAXEN que arroja nuevos datos sobre las incidencias relacionadas con delitos de odio y actos de intolerancia en toda la Comunidad Valenciana. A través del seguimiento de los delitos de odio mediante los medios de comunicación y los testimonios de las propias víctimas, el programa ha contabilizado numerosos sucesos tanto contra las minorías como contra las asociaciones y ONG's que defienden a estas víctimas. Racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, homofobia o neofascismo son algunos de los hechos que la plataforma registró durante 2017, una gran parte de ellos procedentes de entornos fubolísticos ultras.

En total, se produjeron más de noventa incidencias, de las cuales cuarenta fueron agresiones violentas. En concreto, según el informe, la Comunidad Valenciana, con la provincia de Valencia a la cabeza, se sitúa como la primera autonomía donde más agresiones de odio se llevan a cabo. Asimismo, el Ministerio de Interior destacó en su informe de 2016 que más de la mitad de los incidentes de estas características se producen entre Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Este informe también sitúa a la Comunidad dentro de los parámetros de la Unión Europea, donde al cabo del año tan solo se denuncia el 20% de los delitos de odio.

«Si no se actúa, corremos el riesgo de caer en la radicalización y en una espiral de confrontaciones», advirtió el presidente del Movimiento, Esteban Ibarra. En este sentido, desde el programa pidieron a las instituciones valencianas que impulsen medidas prácticas y reforzamiento legal: «Instamos a los políticos de la Comunidad a que saquen una ley contra los delitos de odio», destacó Ibarra, para quien es necesario que las instituciones valencianas actúen antes de que lo haga el Gobierno central. «Esta Comunidad tiene especial sensibilidad, no debería esperar a que se aclare el Parlamento español y tampoco a que haya víctimas», indicó.

El informe llega a dos semanas de que se cumpla el primer aniversario de las agresiones ultraderechistas en la manifestación del 9 de octubre. De hecho, el propio Movimiento contra la Intolerancia se ha personado como acusación popular por el delito de quebrantamiento del derecho a la manifestación.

Para evitar este tipo de actos, el responsable de la plataforma también pidió a la Delegación del Gobierno que tome las medidas cautelares pertinentes si se producen estos incidentes. «Manifestarse es un derecho», recordó el presidente. Sin embargo, aunque la mayor parte de las agresiones se registraron desde la ultraderecha a los simpatizantes de izquierdas, el líder del Movimiento subrayó que a día de hoy España se encuentra en un momento de polarización, donde se producen ataques desde ambos bandos.

Entre estos, destacan los delitos contra la religión: «Ahora mismo se están llevando a cabo sobre todo agresiones islamofóbas, en especial después de los atentados en Barcelona y Cambrils. Ha emergido una hostilidad hacia todo musulmán», señala Ibarra. Asimismo, el presidente reconoció que los ataques también se producen en sentido contrario: «También registramos agresiones cristanófobas en iglesias por parte de musulmanes», indicó.

Pero más allá de las agresiones físicas y presenciales, el Movimiento también se mostró preocupado por los delitos de odio que proliferan cada vez con mayor intensidad en Internet, «sobre todo contra inmigrantes e ideologías contrarias». Aunque la plataforma no contabiliza esta tipología de delitos, Ibarra aseguró que, de hacerlo, la cantidad aumentaría considerablemente. Así, el presidente del programa manifestó su inquietud porque «la propaganda precede a la acción y el discurso precede al delito». Por ello, también exigieron a las instituciones que tomen en consideración los delitos de Internet, señalando como ejemplo a la Comisión Europea: «Ha dado un ultimátum, a Facebook porque gran parte de los comentarios de sus usuarios son agresiones de odio», señaló.

En esta misma línea también se pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró que el Ejecutivo contemplará regular la libertad de expresión. Ibarra discrepó de la vicepresidenta y dijo que la libertad de expresión «se debe limitar al discurso de odio, no a todo lo que se le ocurra a un político».