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¿Sanidad universal? La dificultad de que la vacunación llegue a toda la población inmigrante

 

  Nombre: Noemí López
Fecha de nacimiento: 29/08/2021
Tipo:

Fuente: Newtral
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"En Lavapiés [Madrid] hay sitios que están cobrando 10 euros por ayudar a algunas familias a pedir cita para la vacuna. Esto es algo inadmisible, y la culpa no es solo de las personas que se aprovechan, sino de la administración también", explica a Newtral.es Elahi Mohammad Fazle, presidente de la asociación migrante Valiente Bangla

Fazle denuncia que aunque en teoría cualquier persona puede vacunarse, hay una serie de obstáculos que dificultan el acceso a la sanidad y, en este caso, a la vacunación por parte de la población inmigrante. Una de esas barreras es la lingüística, afirma el presidente de Valiente Bangla, unida a la ausencia de ciertos conocimientos tecnológicos y digitales: "No todo el mundo tiene acceso a internet, ni todo el mundo sabe manejarlo. Muchos migrantes que acuden a nosotros no saben qué es la autocita, y cuando intentan informarse, todo es en castellano".

"Ante la incertidumbre y desconocimiento, recurren a sitios donde les están cobrando por ayudarles a hacer un trámite que en realidad es un derecho", añade Fazle. A esto se suma, en ocasiones, "el miedo a la administración pública": "Hay muchos migrantes que han visto cómo han deportado a otros migrantes. A veces no quieren ir ni siquiera a un centro de salud porque no saben si eso tendrá alguna consecuencia".

En mayo de este año, el Ministerio de Sanidad publicó la séptima actualización de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. En ella recomendaba por primera vez usar Janssen para vacunar a inmigrantes sin regularización de la situación administrativa, recomendada para colectivos que no acuden al sistema sanitario, ya que al tratarse de una vacuna monodosis, la pauta completa se consigue en una sola administración y no en dos.

A España en 2020, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), llegaron 465.721 personas extranjeras (y que se sumarían a los ya residentes), cifras que se recaban a partir de las bases de datos del Padrón Municipal, por lo que una parte de los migrantes en situación administrativa irregular no están contabilizados. Según un informe de la ONG porCausa, "a finales de 2019, el número de inmigrantes que residían de manera irregular en España era de entre 390.000 y 470.000 personas". 

También en la octava y última actualización, de finales de junio, Sanidad reiteraba esta recomendación. Sin embargo, desde diferentes organizaciones y asociaciones denuncian que la puesta en práctica está siendo deficiente.

La labor de ONG y asociaciones

Pablo Iglesias Rionda, técnico de incidencia política en Médicos del Mundo y miembro de REDER, una plataforma en defensa de la atención sanitaria pública y universal, señala en conversación con Newtral.es que "las comunidades autónomas han delegado el trabajo en las ONG". Nines Cejudo, portavoz de la Red Solidaria de Acogida, coincide con Iglesias Rionda aunque señala que "el trabajo de concienciación y acercamiento lo están haciendo las asociaciones vecinales, es decir, las que ni siquiera tienen subvenciones como las ONG".

A la pregunta de los diferentes mecanismos puestos en marcha para llegar a la población migrante en la campaña de vacunación, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid solo especifican que "eso lo llevan las ONG".

La Consejería de Salud de Andalucía, a la misma pregunta, responde que "las delegaciones territoriales están coordinadas por ONG". También el Departament de Salut catalán menciona las ONG (o entidades del tercer sector), aunque detallan que "los profesionales de atención primaria llevan a cabo un importante trabajo en red entre todos los agentes comunitarios implicados para avanzar en la inmunización de los colectivos más vulnerables".

Nines Cejudo critica la dependencia de la administración pública en el tejido asociativo: "Hablan de las ONG, que es principalmente Cruz Roja, que llegan hasta donde llegan. Quienes estamos sacando esto adelante son las propias personas migrantes asociadas que llevan haciendo trabajo comunitario desde antes de la pandemia. Estamos corriendo la voz, acompañando a estas personas y ayudándolas no solo a tramitar la cita, sino acompañándolas a los centros de vacunación o, incluso, explicándoles en qué consiste la vacuna". 

Cejudo hace alusión a los condicionantes socioeconómicos en la salud: "Como muchos de ellos no están regularizados, les condenamos a trabajos de esclavitud, como el que hacen las trabajadoras domésticas internas. No tienen derechos laborales, por lo que no pueden faltar unas horas para ir a vacunarse ni pueden faltar al día siguiente si la vacuna les ha dado reacción. Esto ya es un hándicap grande". 

Así lo afirma también Mario Fontán Vela, médico especialista en medicina preventiva y salud pública: "A menudo son personas con contratos precarios, o a veces ni eso, que quizá no pueden permitirse faltar al trabajo o no trabajar un día porque les supone una pérdida salarial". En conversación con Newtral.es, Fontán Vela recuerda que "la segunda ola en España empezó por las condiciones de vida que sufrían los temporeros, que propician una mayor transmisión". 

Carme Borrell, médica preventivista y comunitaria y gerente de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), explica a Newtral.es que "una mayor transmisión de COVID-19 está relacionada con una mayor desigualdad": "Cuanto más desfavorables son las condiciones de vida, más riesgo tienes de enfermar. Pasa con todas las afecciones, también con la COVID-19". Eso sí, Borrell recalca que "ser migrante no tiene nada que ver con el virus": "Son las condiciones de vida y de trabajo que tienen. En esto hay que insistir mucho para no estigmatizar a esta población".

La barrera lingüística y cultural en la vacunación a inmigrantes

El trabajo sociosanitario de Serigne Fall, mediador intercultural en la ONG Salud Entre Culturas, es facilitar el entendimiento entre los pacientes migrantes y los médicos. Como explica a Newtral.es: "La barrera lingüística y cultural puede costar vidas". Así lo denunciaba también en abril de 2020 Youssoupha Sock, portavoz de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), en conversación con Newtral.es: "Tan importante es comprar mascarillas y respiradores como tener intérpretes en los hospitales", afirmaba. 

Serigne Fall señala que a la problemática de no tener documentación y a la idiomática se suma la propia desconfianza de una parte de la población migrante hacia la vacuna: "Hay que entender que a veces tienen una percepción de la sanidad muy distinta. Nosotros solo vamos al médico para curarnos cuando ya estamos enfermos, por lo que la parte preventiva no la contemplan". 

Por eso, Fall, que trabaja como mediador en el Hospital Ramón y Cajal, aprovecha las citas en consulta para concienciar a esta población de la importancia de la vacuna: "Hablar en su idioma ya es un gran paso, y también conocer su historia de vida, porque sé que va a ser parecida a la mía. Les explico que yo me he vacunado, mi mujer también y que mi hija, de 13 años, está a punto. También les insisto en que, aunque nos nieguen la ciudadanía, somos ciudadanos de este país y que como tal tenemos derecho a la vacuna, pero también que tenemos que contribuir de forma colectiva a parar la pandemia".

Youssoupha Sock, en conversación con Newtral.es, explica que también hay "un miedo hacia cualquier cosa institucional": "Son muchos factores: es no poder faltar ni un día al trabajo por si te quedas sin nada, es no entender lo que te explican porque el mensaje no está adaptado a su realidad, y es miedo a que te deporten".

La médica Carme Borrell insiste en que "la desigualdad en el acceso a las vacunas a nivel global se replica de forma local en nuestros territorios": "Mientras los países ricos tienen una oferta de vacunas enorme y se plantean una tercera dosis, hay países donde la vacuna no llega. Aquí, aunque haya voluntad de vacunar a toda la población, siempre va a haber una ciudadanía a la que no llegas porque las propias estructuras están diseñadas para su exclusión". Una estructura que, en parte, se ve reflejada en el Real Decreto-ley 7/2018.

Según Pablo Iglesias Rionda, de Médicos del Mundo, "supuso un avance respecto al Real Decreto-ley de 2012, que expulsaba de la atención sanitaria a todas las personas en situación irregular y también a algunas en situación regular". "El 2018, aun así, es imperfecto. No recupera la universalidad de antes de 2012 con todas las garantías, nos ha dejado a medio camino al, por ejemplo, exigir una demostración de que llevas, al menos, 90 días en España". 

Borrell insiste en que "estas enfermedades circulan y van de un lado a otro": "Pensar que estaremos seguro porque el 70% de la población esté vacunada es erróneo. O conseguimos vacunación redistributiva o no controlaremos la pandemia", puntualiza. Y Sock recalca que no solo con la vacunación hay una brecha entre la población migrante y la no migrante: "Cuando nos preocupa la salud colectiva parece que somos algo más solidarios. Pero los inmigrantes llevamos mucho tiempo sufriendo exclusión sanitaria".